Organismos de derechos humanos alertaron que “el Lawfare pone en peligro nuestra democracia” | Conferencia de prensa en el Sitio de la Memoria de la ESMA

Organismos de derechos humanos y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación brindaron este martes una conferencia de prensa en el Museo Sitio de Memoria de la ESMA para denunciar “la grave situación institucional que atraviesa la Argentina”, donde existen “prácticas de sectores del Poder Judicial que ponen en riesgo la continuidad democrática” en el país.

En el inicio de la conferencia, enmarcada en la conmemoración del Día de los Derechos Humanos y de Recuperación de la Democracia, el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, advirtió que “estamos en un contexto que nos hace reflexionar y nos pone en alerta por lo que está sucediendo en nuestro período democrático de este último tiempo y cómo está actuando el Poder Judicial”. 

Luego, Taty Almeida, referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, y Mabel Careaga, de Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, leyeron un documento rubricado por “más de 40 organismos de derechos humanos de todo el país”, titulado “El Lawfare pone en peligro nuestra democracia”, en el que se alerta que “la democracia está en riesgo” y se hace un llamamiento a la población a tomar conciencia sobre “el peligro de un poder judicial que avasalla la voluntad popular”. 

El documento, a su vez, plantea la necesidad de garantizar el correcto funcionamiento de las instituciones del Estado de Derecho para asegurar la continuidad de la democracia y la plena vigencia de los derechos humanos y denuncia “la existencia de un Estado paralelo generado por el lawfare, término con el que se define a la persecución a líderes populares por parte de sectores del Poder Judicial, en consonancia con el poder mediático y económico concentrado”.

En este sentido, los organismos recordaron la reciente condena a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, en la Causa Vialidad, y la calificaron como “un fallo vergonzoso del Tribunal Oral Federal N° 2 que busca cercenar sus derechos políticos y de gran parte de la sociedad que conforma su electorado”.

“El documento es muy claro”, expresó el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, durante la conferencia. “La democracia está en riesgo en el país, pero (también) está en riesgo en todo el continente”, agregó y alertó sobre lo sucedido en Perú donde “derrocaron al presidente Pedro Castillo con los mismos mecanismos del lawfare y de inestabilidad democrática”. En ese marco, realizó un llamamiento a “la unidad de todos los sectores sociales, no sólo de los Organismos de Derechos Humanos, sino políticos y económicos que apoyen a fortalecer la democracia”.

El documento leído por los organismos de derechos humanos también llama la atención sobre la connivencia entre jueces, fiscales, funcionarios, agentes de inteligencia e importantes empresarios mediáticos, que tomó estado público a través de la filtración de chats sobre un viaje a la estancia del magnate Joe Lewis en Bariloche, y “que desnuda un funcionamiento que hace imposible confiar en la administración de justicia”.

En ese contexto, los organismos anunciaron que elevarán un pedido de audiencia a la Corte Suprema de Justicia, y realizarán una presentación ante el Consejo de la Magistratura para “solicitar la investigación del accionar de los jueces involucrados en el viaje a Lago Escondido”. 

A su vez, manifestaron el apoyo “al pedido de juicio académico al juez Julián Ercolini y solicitaron al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, “la remoción de los funcionarios del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que participaron de ese encuentro”.

De la conferencia participó, además de Pietragalla Corti, Almeida, Careaga y Pérez Esquivel, la presidenta de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Lita Boitano. También estuvieron presentes detrás de la mesa montada frente a la piel de vidrio del Museo de Sitio ESMA representantes de los organismos Abuelas de Plaza de Mayo, H.I.J.O.S. Capital, Asociación Buena Memoria, Liga Argentina por los Derechos Humanos, APDH La Matanza, Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte y Madres en Lucha. También estuvo presente la diputada porteña del Frente de Todos, Victoria Montenegro.

El documento completo de los organismos de DD.HH.

El Lawfare pone en peligro nuestra democracia

A lo largo de casi 40 años, nuestro país ha sido ejemplo para el mundo por su proceso de construcción de memoria, verdad y justicia. Los organismos de derechos humanos queremos manifestar hoy, en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos y de la restauración de nuestra Democracia, que para que podamos seguir adelante debemos garantizar el funcionamiento de las instituciones del Estado de Derecho.

Hemos logrado en todos estos años muchos avances, a pesar de las estrategias dilatorias de los últimos años: hemos juzgado y condenado a más de mil responsables por delitos de lesa humanidad; demostramos la complicidad de grupos empresariales, civiles y eclesiásticos con ese plan de exterminio a través del cual la dictadura militar buscó eliminar a todo aquel se oponía al modelo económico que querían instalar; buscamos a los nietos y nietas apropiados y restituimos la identidad a 130 de ellos; creamos espacios de memoria y señalizamos sitios en todo el país, emanando desde estos una política de no repetición; logramos consensos con Estados del mundo para que Naciones Unidas impulse el tratado de desaparición forzada. Todos estos logros se realizaron en el marco de un acuerdo social, en el que los poderes de la democracia regían en plenitud y las persecuciones, los amedrentamientos y la violencia política ya no tenían lugar.

En los últimos tiempos estamos viviendo momentos que nos llenan de temor. Hace pocas semanas toda la sociedad vio en primer plano cómo se intentó asesinar a nuestra vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Frente a este hecho de violencia política, el sector más cuestionado de la justicia federal eligió sesgar la investigación y no profundizar las pistas, cercenando así la posibilidad de esclarecer y mostrar a toda la población quiénes son los responsables ideológicos o instigadores de este intento de magnicidio.

Ahora, a través de un fallo vergonzoso, desde el mismo sector judicial se intenta proscribir a Cristina Fernández de Kirchner: el 6 de diciembre el Tribunal Oral Federal N 2 la condenó a “la pena de 6 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”. Este tribunal político busca, a través de una condena sin pruebas, proscribir de por vida a la principal dirigente política de nuestro país, con un fallo que constituye una clara muestra de que en nuestro país existe el lawfare: la persecución del poder judicial, poder mediático y los poderes concentrados de la economía a los líderes populares que representan la defensa de los intereses del sector más desprotegido de nuestra sociedad. Esta persecución, que se venía llevando adelante con distintos actores políticos, se profundizó con Milagro Sala, que ya lleva más de 2500 días de detención, y continuó con distintos referentes, repitiendo estrategias que se pueden observar no sólo en Argentina sino en varios países de la región, fragilizando así el sistema democrático del continente.

No podemos dejar de observar las coincidencias entre lo sucedido con Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, encarcelado por casi 2 años en un juicio bochornoso, sin pruebas ni garantías constitucionales, al punto que más tarde debió ser anulado. Pero el pueblo no olvida y con una muestra de fortaleza impresionante, el dirigente brasileño logró volver a ser el presidente de nuestro país hermano, pudiendo sobreponerse a las consecuencias del lawfare y demostrando al mundo que estas prácticas existen y están vigentes.

Por todo lo expuesto, entendemos que nuestra democracia está en riesgo, y llamamos a toda nuestra población a tomar conciencia de lo peligroso que puede ser un poder judicial que se para por arriba de la voluntad popular, entendiendo que el único y legítimo poder que tiene la ciudadanía en una democracia es su voto.

Este sector del poder judicial, junto al poder económico y mediático concentrados, profundiza día tras día las prácticas del lawfare generando un Estado paralelo, sin herramientas de defensa para sus víctimas. Estas prácticas, que ya no nos sorprenden, en estos días quedaron por primera vez expuestas de manera explícita frente a toda nuestra sociedad: la connivencia impúdica que se divulgó públicamente entre jueces, fiscales, funcionarios, agentes de inteligencia e importantes empresarios mediáticos desnuda un funcionamiento que hace imposible confiar en la administración de justicia. Quedó en evidencia cómo funciona, desconociendo las reglas de la democracia y la soberanía del pueblo: son la mafia judicial.

Para ser legítimo, un proceso judicial debe sustentarse en pruebas categóricas respecto de la responsabilidad penal y en un respeto irrestricto del debido proceso y el derecho de defensa que ampara a todos los ciudadanos. Nada de eso sucede cuando los responsables de impartir justicia viajan o hacen deportes con los representantes del poder.

Cuando la condena penal se dicta sin pruebas sobre los hechos de corrupción imputados, con jueces parciales, fiscales que desconocen el principio de inocencia, se trata de una condena ilegítima destinada exclusivamente a cercenar los derechos políticos de la dos veces presidenta de la Nación y de gran parte de la sociedad que conforma su electorado.

La plena vigencia del acuerdo democrático al que nos comprometimos todos los argentinos y argentinas hace casi 40 años requiere que seamos capaces de seguir juzgando a los responsables de los delitos del período de mayor horror de nuestra historia, pero también que no haya ningún tipo de proscripción, persecución o cárcel sobre aquellos que representan los intereses del pueblo. El Estado de derecho que supimos recuperar después de tanta lucha y sufrimiento, y que se llevó la vida de los 30.000, no puede ser el privilegio de unos pocos sino la garantía de convivencia para todos y todas. Sin justicia no hay democracia. Sin democracia, no hay derechos humanos.

Adhieren

Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora

Abuelas de Plaza de Mayo

Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas

H.I.J.O.S Capital

Asamblea Permanente por los Derechos Humanos

Asociación Buena Memoria

Comisión Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte

Familiares y compañeros de los 12 de la Santa Cruz

Fundación Memoria Histórica y Social Argentina

Liga Argentina por los Derechos Humanos

Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Matanza

SERPAJ Servicio Paz y Justicia

Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos

Madres en lucha

Asociación de Ex Presos Políticos de Tucumán, perteneciente a la Asociación

Nacional de ex Presos Políticos de la República Argentina

Memoria Verdad y Justicia de la ciudad de Concepción, Tucumán

Comisión de la Memoria de Río Seco, Tucumán

Comisión por los Derechos Humanos de Tafí Viejo, Tucumán

FA.DE.TUC Familiares de Desaparecidos

Liberpueblo Tucumán

Familiares Victimas de Gatillo Fácil, Tucumán

Autoconvocados Ex Presos/as Politicos/as Exiliados/as Hijos/as Sobrevivientes

del Terrorismo de Estado, Tucumán

Fundación Memorias e Identidades del Tucumán

Secretaría de Derechos Humanos de la CTA T. Filial Tucumán. Secretaria:

Emma Rene Ahualli

APDH Regional Tucumán

Comisión de Derechos Humanos del Sur de la Provincia de Tucumán

Movimiento Nacional Campesino Indígena – Vía Campesina (TUCMA MNCIVC)

Liga Argentina por los Derechos Humanos, filial Tucumán. Coordinador: Juan

José Palacios

Marcelo Asmed Director Regional NOA del Ministerio de Trabajo, Empleo y

Seguridad Social de la Nación

Asociación de Derechos Humanos Lucrecia Barquet

Asociación por la Memoria la Verdad y la Justicia de Familiares de Detenidos

Desaparecidos y ex Presos Políticos de Santiago del Estero

Asociación de ex Presos y Presas políticos/as de La Rioja

“Casa de la Memoria” de Catamarca

APDH Regional Jujuy

Madres y Familiares de detenidos desaparecidos de Jujuy

CAPOMA-DDHH

Asociación Jujeña de Ex Presos Políticos

Asociación de Ex Presos Políticos Regional Ledesma

Coordinadora contra la Violencia Institucional de San Pedro

APDH Regional San Luis

Colectivo Social, Político y cultural de las Sierras de los Comechingones

“Casa por la Memoria y la Cultura Popular” de Mendoza

Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos – Regional Mendoza

Mesa de Organismos del Espacio de Memoria ex Comisaría Séptima de

Mendoza

Ex [email protected] de San Rafael, Mendoza

H.I.J.O.S y [email protected] de San Rafael, Mendoza

Mujeres sobrevivientes de las dictaduras por la Memoria

Centro de Derechos Humanos “Pedro Peczak” de la UNaM

Fundación Defensora de los Derechos Humanos “Germania”, Misiones

Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Regional Misiones

Asociación de ex Presos por razones Políticas y familiares de Misiones.

ONG de Derechos Humanos y Equidad de Géneros Colectivo 108, Misiones

Colectivo de Afrodescendientes Misionerxs

Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas de Córdoba

Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba

Asociación de Familiares y Víctimas del Terrorismo de Estado de Viedma

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